DIRECTIVA PRESIDENCIAL 3 DE 2025

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 3 DE 2025 - Colombia | SUIN Juriscol A-Z Diccionario X RAE Se abrirá en una nueva pestaña. 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La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. En nuestra condición de autoridades estamos llamados a proteger a todas las personas residentes en Colombia, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. En ese contexto, la función pública debe cumplirse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y en desarrollo de los principios de coordinación y colaboración por los cuales las autoridades administrativas garantizan la armonía en el ejercicio de sus respectivas competencias. En tal medida, para lograr los fines y cometidos estatales, y en el marco del deber de cooperación que les asiste a las entidades públicas que ustedes representan, es necesario, fortalecer la capacidad de respuesta estatal buscando atender a la difícil situación por la que atraviesa el municipio de El Plateado y los que conforman el Cañón del Micay, esto es, Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí, ubicados en el departamento del Cauca. En esa región, el conflicto armado interno históricamente ha afectado a la población civil en la garantía y goce de sus derechos, en particular, producto de la disputa asociada al control territorial por parte de los actores armados ilegales de las rutas del narcotráfico. En tal sentido, la oferta y permanencia institucional ha sido inestable dejando un entorno de vulnerabilidad para sus habitantes asociado a las economías ilegales, especialmente las relacionadas con el tráfico de drogas, aunque también existen otras problemáticas de gravedad referidas a la violación de derechos humanos. Sumado a ello, se encuentra la complejidad del fenómeno migratorio en el departamento caucano relacionada con el uso de la vía Panamericana como ruta de tránsito para permanecer, ingresar o salir del territorio colombiano. En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional en aras de intensificar aún más el esfuerzo gubernamental hasta ahora realizado, para lograr una real y efectiva presencia de la institucionalidad en estos municipios, ha impulsado una estrategia de intervención a través del denominado Pacto Territorial Cauca que abarca 7 subregiones y tiene una cobertura sobre 42 municipios, dentro de los cuales se encuentran El Plateado y aquellos que conforman el Cañón del Micay. En dicho pacto se priorizan siete sectores estratégicos para la reducción de brechas territoriales a partir de centros de formación y certificación de competencias laborales, emprendimiento e innovación; aseguramiento en salud, superación de barreras de acceso y la mortalidad por desnutrición infantil; mejoramiento de viviendas y cobertura de energía eléctrica en zonas rurales; inversión en infraestructura vial, teniendo en cuenta la densidad de vías terciarias y su estado; así como el fortalecimiento de unidades productivas para el fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles que buscan superar las falencias estructurales de alta inestabilidad alimentaria, económica y social de la región. Asimismo, dentro de las acciones para la reconstrucción resiliente del tejido social, sobresalen iniciativas de diversos sectores, entre ellas, el programa “Jóvenes en Paz” que está orientado a brindar posibilidades de futuros distintos a la delincuencia y a la violencia, beneficiando en la actualidad a más de 1000 jóvenes en los municipios de Guachené, Puerto Tejada y Popayán, además de tener proyectada la expansión de su cobertura a otros municipios como Guapi, López de Micay y Timbiquí. Específicamente las inversiones a nivel institucional, comunitario, grupal y familiar, para la reconstrucción de la economía local lícita, a través de la recuperación de la capacidad productiva agrícola, acuícola y pecuaria de la población rural, busca impactar la producción agropecuaria a nivel local y salvaguardar condiciones de abastecimiento de alimentos para que los hogares puedan desvincularse gradualmente de ingresos provenientes de economías ilegales. Por lo anterior, y con la finalidad de ampliar la oferta de los bienes y servicios que a cada uno de sus sectores corresponde realizar para mejorar la presencia y capacidad estatal de atención, se imparten las siguientes directrices: 1. Corresponde a cada ministerio y departamento administrativo en el marco de sus competencias, con carácter urgente e inaplazable, y con la debida articulación interinstitucional e intersectorial de las respectivas entidades adscritas y vinculadas, implementar y poner en marcha las diferentes obras, programas, proyectos, acciones y estrategias de intervención especialmente dirigidas a las zonas del municipio de El Plateado y los que conforman el Cañón del Micay. 2. El Ministro del Interior realizará el seguimiento y evaluación de los compromisos que se desprendan del diagnóstico sobre acciones proyectadas y ejecutadas en tales zonas y verificará el cumplimiento de los mismos por parte de las entidades responsables, para lo cual, con el concurso de cada una de ellas, deberá adoptar las acciones que estime pertinentes, como son, entre otras: 2.1. Elaborar un cronograma que muestre la línea de tiempo en que se realizarán las obras, programas, proyectos, acciones y estrategias de intervención en el municipio de El Plateado y los que conforman el Cañón del Micay. 2.2. Realizar las mesas de trabajo y conformar los grupos inter institucionales e intersectoriales. 2.3. Rendir informes periódicos que serán presentados al Consejo de Ministros. 2.4. Impulsar y reactivar antes del 31 de marzo de 2025, en lo que resulte procedente, el Comité Orientador del Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales y Diálogo como instancia de articulación de las acciones de las instituciones públicas nacionales, en cuanto con ello se logre contribuir a la gestión pacífica de los conflictos sociales y la promoción del diálogo social. 3. En la medida que el tránsito de las comunidades dependientes de los cultivos de uso ilícito hacia economías lícitas y sostenibles es una prioridad del gobierno nacional, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en su condición de Secretaría Técnica del Comité Operativo para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, creado mediante la Directiva Presidencial 8 del 15 de octubre de 2024, deberá impulsar de manera inmediata, en el marco de sus competencias, el adecuado funcionamiento de dicho Comité, así como rendir informes periódicos sobre su gestión ante el Consejo de Ministros. Para tales efectos, las entidades que conforman el Comité Operativo deberán articularse en la consecución de los objetivos allí propuestos, de manera que se logre una efectiva articulación de los proyectos y líneas estratégicas para la sustitución de cultivos y el tránsito a economías lícitas, en el marco de las intervenciones territoriales derivadas de la acción del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 10 de marzo de 2025. GUSTAVO PETRO URREGO