RESOLUCION 347 DE 2026

RESUELVE:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto . Establecer la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida y emitir directrices para su implementación en el territorio nacional, de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación . Las disposiciones contenidas en la presente resolución tendrán aplicación en todo el territorio nacional para los siguientes actores: 1. Entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal. 2. Prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos. 3. Entidades Promotoras de Salud o las entidades que hagan sus veces y las Entida­des Adaptadas. Superintendencia Nacional de Salud (SNS). 5. Instituto Nacional de Salud (INS). 6. Administradoras de Riesgos Laborales, en el marco de sus competencias en sa­lud. 7. Organizaciones sociales, comunitarias y comunidad en general, así como demás actores que, en el marco de sus competencias, incidan en los determinantes so­ciales de la salud mental.

Parágrafo. Las entidades responsables de los regímenes de excepción, especial y demás regímenes específicos, en desarrollo de su autonomía administrativa y en cumplimiento de su deber constitucional de contribuir a la salud pública y a la universalidad del Sistema de Salud, podrán ajustar y adaptar las disposiciones establecidas en la presente resolución para la implementación de la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida.

Artículo 3°. Definiciones . Para los efectos de aplicación de las disposiciones contenidas en esta resolución, se establecen las siguientes definiciones: Atención primaria en salud: estrategia que orienta la atención en salud de manera integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente desde el nivel primario al complementario, por medio de procesos que fortalecen la rectoría y gobernanza en salud vinculadas al diálogo y la participación ciudadana como elementos fundamentales de la gestión en salud, promoviendo el desarrollo de acciones en salud que responden a las necesidades de la población en consideración de elementos culturales y territoriales, y generando acciones coordinadas y colaborativas de manera intersectorial que permitan la transformación de los determinantes sociales y la reducción de barreras para el acceso a servicios de salud. Su operación se concreta a través de acciones universales, territorializadas, sistemáticas, permanentes y resolutivas. Cuidado integral de la salud: Proceso ordenador de la gestión territorial integral en salud pública que integra el aseguramiento, el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud y la integralidad, continuidad y resolutividad de la respuesta en salud desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos para la garantía del derecho a la salud de las personas, familias y comunidades. Se fundamenta en la participación incidente entre los actores del sistema de salud, los otros sectores, los agentes sociales y comunitarios y la comunidad en general, reconociendo las realidades poblacionales y territoriales. Este proceso se implementa a través de las redes integrales e integradas de acuerdo con la Ley 1438 de 2011, la Sentencia C-313 de 2014 y la Ley 1955 de 2019, y se desarrolla bajo el liderazgo de la entidad territorial del orden departamental, distrital y municipal en coordinación con los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos, las Entidades Promotoras de Salud o las entidades que hagan sus veces, o quien haga sus veces y demás actores del territorio. Conducta suicida : Se refiere a los pensamientos o conductas que llevan al acto de quitarse la vida intencionalmente. Puede clasificarse en tres categorías: ideación, intento suicida, suicidio. Ideación suicida : Pensamiento o idea de querer poner fin a la propia vida, ya sea de forma pasiva, es decir, sin método ni plan, o activa, que incluye planes concretos y detallados, para llevar a cabo la conducta suicida. Intento de suicido: Un acto no habitual, con resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse autolesión o determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por ingesta de medicamentos en dosis superior a la reconocida como terapéutica. Suicidio : Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el acto deliberado de quitarse la vida, realizado con conocimiento o expectativa de un desenlace fatal. Continuidad del cuidado: Proceso integral que asegura una experiencia organizada y sin rupturas al transitar entre diferentes servicios de salud, lo cual es clave para fortalecer la calidad de la atención y los resultados clínicos, además de favorecer la integración organizada con servicios de cuidado a cargo de otros sectores.

Artículo 4°. Cuidado integral de la salud de personas con conducta suicida. Las Entidades Territoriales, las Entidades Promotoras de Salud, los Prestadores de servicios de salud y demás entidades que, en el marco de sus competencias, incidan en los determinantes sociales de la salud mental, implementarán acciones para la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Conducta Suicida en el marco de los ejes estratégicos de la Política Nacional de Salud Mental, por curso de vida y los entornos del desarrollo, de la siguiente manera: Promoción de la salud mental: Promover acciones y procesos transformadores que capaciten a las personas y comunidades para identificar, gestionar y utilizar los recursos necesarios para adoptar y mantener estilos de vida saludables que favorezcan su salud mental y bienestar psicosocial. Se enfoca en promover la salud mental mediante estrategias integrales. Las acciones derivadas consideran los contextos social, ambiental y cultural de las personas, destacando la participación social y la apropiación comunitaria como elementos fundamentales para fomentar un cambio desde las realidades locales. Se deben priorizar las acciones basadas en evidencia tales como: a) Satisfacción de necesidades humanas. b) Fortalecimiento de capacidades en habilidades y competencias socioemociona­les. c) Fortalecimiento de redes de apoyo sociales y comunitarias. d) Implementación de estrategias de comunicación para el cuidado de la salud men­tal individual, familiar y comunitaria. e) Acciones coordinadas en el territorio, para afectar positivamente los determinan­tes sociales que afectan la salud mental. • Prevención de la conducta suicida: Acciones dirigidas a anticipar, prevenir y/o reducir la presencia de factores de riesgo asociados a la conducta suicida, se enfoca primordialmente a la modificación de condiciones y conductas de riesgo en personas, familias y comunidades, mejorando la capacidad de respuesta para el cuidado de las personas con conducta suicida. Se deben priorizar las acciones basadas en evidencia tales como: a) Detección temprana a través de pruebas de tamización. b) Prevenir las diferentes formas de violencia y violencia de género. c) Estrategias para eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. d) Garantizar acciones enfocadas al acceso a servicios tales como educación, traba­jo y justicia. e) Implementar estrategias de comunicación dirigidas a fortalecer el sentido de vida, reducción del estigma y comunicación responsable de la conducta suicida a medios de comunicación. f) Acciones para retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol y sustancias psi­coactivas, como factor de riesgo para la conducta suicida. g) Acciones de reducción de daños, realizar acciones dirigidas a limitar el acce­so medios letales (armas de fuego, sustancias tóxicas, medicamentos) utilizados para el suicidio. h) Desarrollar capacidades para la intervención en crisis, apoyo a sobrevivientes de suicidio (familias y/o red de apoyo de las personas que tuvieron muerte por suicidio). i) Intervención en puntos críticos (puentes, edificios, vías férreas), entre otras ac­ciones. • Atención: Enfocado en brindar una atención integral, integrada y continua que cubra desde el nivel de atención primaria hasta el complementario, favoreciendo la reducción de las brechas en salud mental mediante la oportunidad, continuidad y calidad de la atención, adaptadas a las necesidades de las personas, familias y comunidades. Se destacan la organización estratégica y la complementariedad de las acciones de los actores del sistema de salud y otros sectores relevantes, con el objetivo de ofrecer una respuesta efectiva y humanizada a las necesidades de la población. Se priorizará la implementación y aplicación de la ‘Guía de Práctica Clínica’ adaptada a Colombia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida. • Rehabilitación integral e inclusión social: Establece las bases para la gestión de procesos sectoriales, intersectoriales y comunitarios necesarios para promo­ver la integración e inclusión social, el acceso a oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con conducta suicida, desde una perspectiva in­terseccional, buscando reducir, entre otros, el estigma, el autoestigma, y promo­viendo la integración de acciones para la recuperación psicológica, la promoción de la autonomía y la participación en distintos contextos sociales. • Gestión, articulación y coordinación sectorial y transectorial: Se consoli­dan acciones integradas orientadas a la prevención de la conducta suicida en los territorios, contempla el fortalecimiento de capacidades a través de procesos formativos dirigidos a actores clave como docentes escolares y universitarios y orientadores escolares, líderes sociales y comunitarios, referentes religiosos, personal de establecimientos comerciales, primeros respondientes y talento hu­mano del sector salud, con el fin de mejorar la detección temprana, la atención oportuna y la canalización adecuada de casos de riesgo. Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública mediante el uso articulado de mecanismos como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Si­vigila), los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y el Registro Único de Afiliados (RUAF), incluyendo la implementación de uni­dades de análisis para el estudio de casos de intentos y muertes por suicidio, y el monitoreo de la calidad en la atención brindada a las personas afectadas. Se priorizan acciones coordinadas y desarrollos conjuntos entre los sectores de salud, educación, protección, justicia, desarrollo social y laboral, con énfasis en la coordinación con el sector educativo para la promoción, prevención y detec­ción temprana en contextos escolares y universitarios, incluyendo el desarrollo de mecanismos de monitoreo y seguimiento basados en indicadores de proceso, resultado e impacto, el uso de herramientas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la generación de informes periódicos que permitan evaluar y retroalimentar las intervenciones, garantizando una gestión basada en evidencia para la toma de decisiones en los diferentes niveles territoriales.

Parágrafo. Las acciones a desarrollar deberán ser adaptadas de acuerdo con el enfoque territorial, pertenencia étnica, género, curso de vida, caracterización poblacional, situación y condición de vulnerabilidad de las personas con conducta suicida en cada territorio.

Artículo 5°. Código Dorado . Créase el Código Dorado de emergencias clínicas y comunitarias, como un protocolo de atención inmediata, integral y articulada frente a casos de conducta suicida en el territorio nacional, incluyendo ideación o intento, en los ámbitos clínico y comunitario, que permite la alerta ante las diferentes conductas, con una articulación interdisciplinaria entre los diferentes actores del territorio.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social emitirá los lineamientos para la activación comunitaria del Código Dorado, con el fin de realizar la adaptación e implementación por parte de las entidades territoriales, los cuales serán publicados en los medios oficiales establecidos para tal fin.

Artículo 6°. Componentes del Código Dorado. 1. Activación institucional y Comunitaria: Para la activación comunitaria, las entidades territoriales establecerán las acciones para la activación del Código Dorado, de acuerdo con las capacidades territoriales, garantizando que cualquier actor comunitario, como: ciudadano, líder comunitario, líder religioso, institución educativa, familia, entre otros, puede activar el Código Dorado a través de líneas de emergencia o teleorientación en salud mental definidas por el territorio. Se podrán incluir canales alternativos, como WhatsApp, chat web y aplicación móvil, entre otros. De igual manera, se deberá generar las capacidades en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis a nivel comunitario. Para la activación institucional, los Prestadores de Servicios de Salud deberán establecer el protocolo para la activación del Código Dorado, a fin de garantizar una atención inmediata, continua e integral para las personas con conducta suicida. Las Entidades Promotoras de Salud deberán garantizar que sus prestadores implementen el Código Dorado y la prestación de los servicios de salud mental sin barreras administrativas, sin requerimientos de autorizaciones previas ni trámites que retrasen la atención oportuna. 2. Respuesta Interdisciplinaria: La Entidad Territorial, deberá garantizar que las entidades y organismos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), de emergencia territorial (bomberos, defensa civil, cruz roja, entre otros), autoridades cercanas disponibles en el territorio, se consoliden como los primeros respondientes en la respuesta interdisciplinaria para el Código Dorado; previamente deben contar con entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y deberán coordinar la respuesta inmediata, involucrando a profesionales de la salud mental, equipos de atención primaria y ambulancias, con la finalidad de remitir dichos pacientes de manera prioritaria a los centros de urgencias para la atención correspondiente. 3. Evaluación Integral: Los Prestadores de Servicios en Salud públicos, privados y mixtos, en el marco del protocolo del Código Dorado, clasificarán la conducta suicida en niveles de Triage I (intento) y Triage II (ideación activa, con método y plan específico), y consulta externa prioritaria en un máximo de 48 horas (ideación específica, pero sin método y plan), tanto en urgencias como en consulta externa, atendiendo al estado físico y mental de la persona, dado que esta conducta representa un riesgo vital y requiere atención inmediata. La activación implicará de manera simultánea y coordinada estabilización y evaluación clínico somática en urgencias, ningún usuario podrá ser remitido a salud mental, sin descartar ni tratar condiciones orgánicas, asociadas al evento. En el servicio de urgencias se debe garantizar una valoración integral y una intervención clínica inmediata por parte del talento humano en salud disponible en el servicio (Medicina, Enfermería, Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social, entre otros), quienes deberán contar con las capacidades para la atención en salud mental, conforme a lo establecido en la Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida (Guía número 60, 2017). Este abordaje debe incluir la aplicación de pruebas de tamizaje, como la escala de Plutchik, SAD PERSON, Cuestionario de Autorreporte (SRQ, por sus siglas en inglés) o el Cuestionario de Síntomas para Niños (RQC, por sus siglas en inglés) según pertinencia, sin restricciones relacionadas con el nivel de complejidad o el tipo de aseguramiento, con el fin de evaluar adecuadamente el riesgo. Se podrá incorporar como herramienta adicional la Escala de Calificación de la Gravedad del Suicidio de Columbia (CSSRS, por sus siglas inglés), dada su validez y fiabilidad en la actualidad para la detección del riesgo de conducta suicida. Se deberá garantizar el registro adecuado y de calidad de la ficha SIVIGILA para el evento de Intento de Suicidio 356, con el fin de realizar seguimiento y reporte diario hacia el Instituto Nacional de Salud (INS), y su reporte de calidad. 4. Remisión: El Prestador de Servicios de Salud, deberá iniciar el proceso de referencia de manera oportuna de acuerdo con la orden del médico tratante, enmarcado en el cumplimiento de la Resolución número 2335 de 2023 y, las Entidades Promotoras de Salud o las entidades que hagan sus veces, deberán garantizar la remisión oportuna y pertinente, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado. Todos los casos ingresados bajo activación de Código Dorado deberán contar con remisión obligatoria para la gestión del riesgo en salud mental, a través de las Entidades Promotoras de Salud o quien haga sus veces, con un plan estructurado de seguimiento. Ningún usuario podrá ser egresado de la atención en salud, sin haber efectuado la remisión correspondiente y otorgado el plan estructurado de seguimiento, de acuerdo con el riesgo.

Artículo 7°. Red nacional de salud mental. Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, las Entidades Promotoras de Salud o las entidades que hagan sus veces y los Prestadores de Servicios de Salud públicos, privados y mixtos, deberán organizar los servicios de salud para la atención de personas con conducta suicida a través de la Red Nacional de Salud Mental, establecida en el Decreto número 729 de 2025. Esta red opera de manera transversal en el marco de las redes integrales e integradas de salud, y tiene como objetivo principal garantizar la atención integral, integrada y continua, asegurando el acceso oportuno y coordinado a los diferentes niveles de atención.

Artículo 8°. Unidad de Análisis. El Instituto Nacional de Salud (INS), deberá crear las orientaciones para la implementación de unidades de análisis para el evento de intento de suicidio, priorizando la población de niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y población indígena, u otras poblaciones que de acuerdo con el comportamiento epidemiológico presentan un mayor riesgo o conducta suicida, y las disposiciones correspondientes para la vigilancia del evento intento de suicidio. Para las unidades de análisis de muerte por suicidio, el Ministerio de Salud y Protección Social, coordinará la articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el INS, la elaboración de las orientaciones para su implementación a nivel territorial, priorizando la población de niños, niñas y adolescentes, población étnica con conducta suicida o algún caso que, de acuerdo al contexto para la entidad territorial, sea pertinente.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrán las orientaciones para la definición, implementación y seguimiento de los planes a partir de las unidades de análisis de este evento.

Artículo 9°. Mesa Nacional Intersectorial . Créase la Mesa Nacional Intersectorial para el cuidado integral de las personas con conducta suicida, la cual tendrá por objeto, abordar de manera intersectorial las acciones de promoción para el cuidado de la salud mental y prevención de la conducta suicida, impactando los determinantes estructurales que precipitan la conducta suicida según el momento del curso de vida. La secretaría técnica estará a cargo de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual reglamentará y definirá los lineamientos para su funcionamiento. Este órgano sesionará mínimo tres (03) veces al año, con el objetivo de articular a las entidades participantes para la toma de decisiones, realizar seguimiento a los avances y establecer compromisos orientados al fortalecimiento de las acciones de prevención y atención de la conducta suicida. Para garantizar la adecuada operatividad de la Mesa Nacional Intersectorial, se requiere la participación permanente, oportuna y efectiva de los representantes designados por cada entidad. Lo anterior, en armonía con los principios de colaboración, coordinación, concurrencia y corresponsabilidad consagrados en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998.

TÍTULO II RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES

Artículo 10. Responsabilidades de las Entidades Territoriales . Las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal, tendrán las siguientes responsabilidades, articulado a los Planes de Acción en Salud: 1. Garantizar las acciones y estrategias que contribuyan a la prevención y mitiga­ción de la conducta suicida en su jurisdicción. 2. Elaborar un plan de acción específico para el cuidado integral de las personas con conducta suicida, en el marco de la estrategia transversal de la Política Na­cional de Salud Mental, como parte del proceso intersectorial con los sectores de educación, protección y garantía de derechos, social, laboral, tecnologías de la información y telecomunicaciones, para establecer estrategias territoriales en conducta suicida que incidan en la afectación de los determinantes sociales en salud mental. 3. Garantizar el análisis y comprensión de los factores asociados a la conducta sui­cida en el territorio y la estructuración de acciones en el Plan de Acción en Salud (PAS) que permita su abordaje y transformación de manera articulada con las demás instituciones y actores sociales del territorio, integrándolo al Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la entidad territorial. 4. Formular e implementar el protocolo de intervención y respuesta inmediata ante alertas en conducta suicida, con participación de servicios de emergencia, poli­cía, equipos de salud mental, autoridades de ciber protección, para la implemen­tación del Código Dorado en el territorio, realizando evaluación semestral de la efectividad de las medidas implementadas y actualización anual en caso de requerirse. 5. Las entidades territoriales del orden departamental y distrital deberán implemen­tar líneas telefónicas u otros canales de comunicación que permitan la teleorien­tación en salud mental. 6. Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento en capacidades en el marco de la gestión territorial, para promover el cuidado integral de la salud mental y prevención del suicidio. Este plan debe incluir: i) Primeros auxilios psicológicos dirigida a primeros respondientes y actores comunitarios claves (agentes comu­nitarios, líderes sociales, líderes religiosos, juntas de acción comunal, personal docente), así como otros agentes locales identificados en cada territorio; ii) Ca­pacitación del talento humano en salud, para garantizar una atención humanizada y la correcta aplicación de herramientas de evaluación de riesgo de conducta suicida, en los servicios de urgencias y de atención ambulatoria; iii) Evaluación anual que permita determinar la efectividad del plan de fortalecimiento. 7. Desarrollar, ajustar y aplicar estrategias de comunicación fundamentadas para el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio, de acuerdo con las reco­mendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organiza­ción Panamericana de la Salud (OPS). Estas deben enfocarse en eliminar tanto el estigma como el autoestigma, fomentando mensajes que incentiven la búsqueda de apoyo y resalten la accesibilidad de los servicios en la comunidad. 8. Realizar inspección y vigilancia, a las Entidades Promotoras de Salud o las en­tidades que hagan sus veces y los Prestadores de Servicios de Salud públicos, privados y mixtos, para el cumplimiento del Código Dorado, en el marco de sus competencias. 9. Las entidades territoriales del orden departamental deberán implementar las uni­dades de análisis para los casos de intento y muerte por suicidio, emitiendo la ve­rificación de acciones y respuestas institucionales, sectoriales e intersectoriales, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social. 10. Realizar el proceso de adaptabilidad con enfoque intercultural, diferencial y ét­nico, de las acciones, intervenciones y atenciones para la promoción, prevención y mitigación de la conducta suicida, lo cual deberá incluirse en el Plan Territorial de Salud (PAS). 11. Realizar el reporte de los indicadores para el seguimiento, monitoreo y evalua­ción de la conducta suicida, que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 11. Responsabilidad de las Entidades Promotoras de Salud o las Entidades que Hagan sus Veces. Las Entidades Promotoras de Salud o las entidades que hagan sus veces, tendrán las siguientes responsabilidades: 1. Garantizar la continuidad del cuidado ágil y adaptable, que asegure la atención integral y sostenida del paciente en todos los niveles de complejidad, incluyendo acciones de articulación interinstitucional, protocolos de referencia y contrarre­ferencia oportunos, y herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación entre equipos asistenciales y cuidadores. 2. Garantizar la suficiencia del talento humano en los servicios contratados. 3. Garantizar que la red prestadora de servicios de salud contratada, incluya dentro del plan de capacitación la atención humanizada, aplicación de los instrumentos de tamizaje (escala de Plutchik, SAD PERSON, SRQ o el RQC) en servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización para la evaluación de pacientes en riesgo con conducta suicida, según la ‘Guía de Práctica Clínica’ adaptada para Colombia, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida y el cumplimiento de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 4. Garantizar en el nivel primario de atención en salud, el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como objetivo cerrar las brechas de atención en salud mental para Colombia, enfatizando la detección temprana e intervención en pacientes con conductas suicidas, y pacientes con autolesiones, con el fin de realizar seguimiento. Garantizando que la red prestadora de servicios de salud, realice la formación y segui­miento a los profesionales en medicina, psicología y enfermería. 5. Garantizar, desarrollar e implementar actividades de promoción y prevención orientadas a la formación en estilos de vida saludables, el fortalecimiento de redes de apoyo social y comunitario, desarrollo o fortalecimiento de habilidades para la vida, el manejo del estrés y la mejora de la comunicación y convivencia. 6. Realizar proceso de adaptabilidad con enfoque intercultural, diferencial y étnico, de las acciones, intervenciones y atenciones para la mitigación de la conducta suicida, de acuerdo con el modelo de salud implementado por los pueblos indí­genas en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI). 7. Activar y divulgar las líneas de atención en salud mental para la identificación y gestión del acceso a servicios de salud de las personas con conducta suicida. 8. Asegurar y garantizar el acceso inicial y continuo de atención en salud mental de personas con conducta suicida, disponer de una valoración inicial y controles mensuales, a través de las modalidades establecidas para la prestación de servi­cios en salud, de acuerdo con la Resolución número 2765 de 2025, o la norma que la modifique, derogue o sustituya, sobre perfiles de atención y realizar segui­miento nominal. 9. Asegurar que la red de Prestadores de Servicios de Salud implemente progra­mas de educación grupal enfocados en estrategias de afrontamiento, atención, acompañamiento y apoyo psicológico prioritario para sobrevivientes del suicidio (familias y/o redes de apoyo), considerando la Clasificación Única de Procedi­mientos en Salud (CUPS). 10. Garantizar acciones para prevenir la repetición de la conducta suicida, ofrecer contención emocional y orientación a la familia y/o red de apoyo, así como brin­dar orientación y acompañamiento durante el proceso de duelo. 11. Realizar el seguimiento nominal oportuno en el marco de la gestión del riesgo a personas dadas de alta tras un evento de conducta suicida, buscando identificar y prevenir reincidencias, recaídas, mejorar la adherencia terapéutica y permitir activaciones tempranas de los servicios de salud en caso de aumento del riesgo, a través de profesionales de la salud mental. 12. Implementar servicios de teleorientación en salud para personas que, por barre­ras geográficas o personales, no puedan acceder oportunamente a los servicios presenciales en salud mental. 13. Realizar el reporte de los indicadores para el seguimiento, monitoreo y evalua­ción de la conducta suicida, que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 12 . Responsabilidades de los Prestadores de Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud, tendrán las siguientes responsabilidades: 1. Realizar el registro adecuado y con calidad de la ficha SIVIGILA para el evento de intento de suicidio, con el fin de garantizar el seguimiento y reporte hacia el Instituto Nacional de Salud (INS), así como su notificación de calidad a la Enti­dades Promotoras de salud. 2. Implementar en el nivel primario de atención en salud el programa mhGAP, que tiene como objetivo cerrar las brechas de atención en salud mental para Colom­bia, enfatizando la detección temprana e intervención en pacientes con conductas suicidas, priorizando la formación y seguimiento a los profesionales en medici­na, psicología y enfermería. 3. Fortalecer las capacidades del talento humano en salud para la identificación de ideación suicida en pacientes, y registrar en la historia clínica los códigos CIE-10 o el que haga sus veces, R45.8 (Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional: ideación suicida) y Z915 (Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente), y aquellos adicionales definidos por el criterio médico, con el fin de generar datos que permitan mejores predicciones sobre los grupos de riesgo y optimizar las estrategias de prevención en conducta suicida. 4. Desarrollar capacidades del talento humano, en primeros auxilios psicológicos y en atención respetuosa, digna y humanizada. 5. Asegurar la remisión obligatoria con carácter prioritario a psicología, psiquiatría, trabajo social u otros especialistas en salud mental, para todos los pacientes con conducta suicida egresados del servicio de urgencias, garantizando la continui­dad del cuidado integral, según la pertinencia médica. Para personas en consulta ambulatoria con conducta suicida, garantizar su remisión y atención en servicios de psicología o psiquiatría u otros profesionales especializados en salud mental para la continuidad del cuidado integral, según los tiempos recomendados para tal fin. 6. Garantizar que la red prestadora de servicios de salud contratada, incluya dentro del plan de capacitación la atención humanizada, aplicación de los instrumentos de tamizaje (escala de Plutchik, SAD PERSON, SRQ o el RQC) en servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización para la evaluación de pacientes en riesgo con conducta suicida, según la ‘Guía de Práctica Clínica’ adaptada para Colombia, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida y el cumplimiento de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 7. Garantizar y priorizar la disponibilidad de agenda para personas con conducta suicida en servicios de psicología o psiquiatría, tanto para la atención inicial como para los controles, a través de los servicios habilitados de consulta am­bulatoria, teleorientación o teleconsulta, según los tiempos recomendados en la presente resolución. 8. Realizar sesiones grupales de psicología y trabajo social para sobrevivientes y familiares, con el fin de identificar y abordar cualquier riesgo suicida dentro del grupo familiar, así como brindar orientación y acompañamiento durante el pro­ceso de duelo. 9. Los Prestadores de Servicios de Salud, que tengan habilitados los servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social y médicos de urgencias, entre otros, debe­rán propender por la conformación de equipos multidisciplinarios en la atención de salud mental. 10. Establecer protocolos de intervención en crisis para la atención de emergencias por conducta suicida, asegurando tiempos de respuesta adecuados y la activación de recursos disponibles en salud mental. 11. Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la calidad de atención brin­dada a pacientes con conducta suicida, con el objetivo de identificar áreas de mejora en los protocolos y en la capacitación del talento humano. 12. Priorizar la adaptabilidad de las acciones e intervenciones para la mitigación de la conducta suicida, incorporando un enfoque diferencial, intercultural y étnico, con el modelo de salud implementado para los pueblos indígenas en el marco del SISPI. 13. Realizar el reporte de los indicadores para el seguimiento, monitoreo y evalua­ción de la conducta suicida, que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

TÍTULO III DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13 . Financiamiento. Los servicios y tecnologías en salud que integran el Plan de Beneficios en Salud requeridos para el cuidado integral de la salud de las personas con conducta suicida serán financiados con los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás recursos destinados para el aseguramiento, administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), de acuerdo con los usos señalados por la norma. Las intervenciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública que hacen parte del cuidado integral de la salud de las personas con conducta suicida, podrán ser financiados por las Entidades Territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y con los recursos propios destinados para tal fin.

Artículo 14. Seguimiento a la Implementación . El seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de las acciones previstas en la presente resolución constituyen una responsabilidad compartida, de acuerdo con las competencias definidas para el nivel nacional y para las entidades territoriales. Las Secretarías de Salud o quien haga sus veces, liderarán la vigilancia operativa en sus respectivos territorios. Las entidades territoriales deberán adoptar los indicadores que para tal efecto disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiendo contar con información homogénea, pertinente y de calidad, que contribuya a mejorar la prestación de servicios, fortalecer la gestión del riesgo y avanzar hacia la disminución de la conducta suicida en cada territorio.

Artículo 15. Inspección, Vigilancia y Control. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, conforme a las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1949 de 2019, y al Decreto número 1080 de 2021, ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control a fin de que se garantice el cumplimiento de las disposiciones emitidas en esta resolución, para la promoción, prevención y mitigación de la conducta suicida en el territorio colombiano; igualmente, publicará, como mínimo, un informe anual de cumplimiento, consolidando hallazgos, órdenes, sanciones, medidas adoptadas, y las recomendaciones para para el cierre de brechas identificadas.

Artículo 16. Transición . Las entidades obligadas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución, dispondrán de un plazo de cinco (5) meses contados a partir de su publicación, para adelantar la implementación territorial de las medidas, lineamientos y acciones allí previstas, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá D. C., a 26 de febrero de 2026. El Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.