Normas del 26/01/2026

Imparte directrices a entidades territoriales y las que prestan servicios de salud sobre la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna de fiebre amarilla, en el marco de la emergencia sanitaria en el país, debido al brote causado por ese virus.

Reforma el DUR del sector Interior y reglamenta la conformación y funcionamiento del Observatorio de Ordenamiento Territorial, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 2079 del 2021. La finalidad de este observatorio es “recopilar, analizar, soportar y disponer de información técnica a nivel nacional para realizar el monitoreo, seguimiento, formulación y evaluación de políticas públicas y desarrollos legislativos adoptados por el nivel nacional, en materia de ordenamiento territorial”.

Adopta la política pública de gestión y administración de los cementerios, para el manejo adecuado de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no entregados. Sus cuatro ejes estratégicos son: la adecuación de los procesos encaminados a garantizar el manejo, preservación y disposición final de tales cuerpos, la participación efectiva de las víctimas, la articulación Nación – territorio, y el fortalecimiento de los registros de información. Modifica DUR del sector Interior.

Reglamenta la Ley 2364 del 2024, que reconoce y protege integralmente la labor y los derechos de las mujeres buscadoras. Así, define el funcionamiento del Registro Único, destinado a la identificación y caracterización de dichas mujeres y su núcleo familiar, cuya administración quedó a cargo de la Unidad para las Víctimas. La política pública deberá incluir medidas de prevención y protección que permitan la investigación y sanción de hechos de violencia y demás delitos contra aquellas, cometidos por servidores públicos o particulares. Adiciona el DUR del sector Justicia.

Declara al 2026 como el año de la justicia agraria, lo cual procura generar condiciones para lograr la implementación de dicha jurisdicción. Adicionalmente, pretende “coordinar la concurrencia efectiva de planes y programas del sector agricultura y desarrollo rural que propendan y faciliten la garantía del derecho a la justicia de las poblaciones campesinas y étnicamente diferenciadas, así como a la adopción de decisiones administrativas en plazo razonable”.