Circulares

Declara la alerta amarilla hospitalaria con ocasión de las elecciones de Congreso y las presidenciales. En los días correspondientes, la red hospitalaria, pública y privada, debe activar sus planes hospitalarios de emergencia y contingencia.

Dirigida a la Supersalud y a los interventores de las EPS intervenidas. A dichas EPS, les concede un plazo de cinco días, con el fin de que adopten un plan de acción encaminado a garantizar el suministro oportuno, continuo, eficiente y completo de los medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud, especialmente a sujetos de especial protección constitucional, como menores o adultos mayores. Quincenalmente, se deberán remitir los avances de cumplimiento del plan.

Imparte directrices a entidades territoriales y las que prestan servicios de salud sobre la preparación y respuesta a la situación epidemiológica del evento de sarampión, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Además de las recomendaciones de autocuidado antes, durante o luego de los viajes, las entidades deben garantizar la vacunación, intensificar acciones de vigilancia epidemiológica, fortalecer la capacitación del personal médico y socializar las medidas a la ciudadanía.

Dicta instrucciones respecto a la implementación de medidas destinadas a garantizar el derecho a la salud de la población afectada por la emergencia, de acuerdo con el Decreto Legislativo 150 del 2026, específicamente en torno a la dispensación de medicamentos y disponibilidad de tecnologías en salud.

Informa directrices frente a los efectos en salud ante los eventos provocados por el ingreso recurrente de frentes fríos al territorio nacional. Declara la alerta roja hospitalaria en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés, y Amazonía, y en los demás departamentos o distritos que resulten afectados posteriormente.

Imparte directrices a entidades territoriales y las que prestan servicios de salud sobre la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna de fiebre amarilla, en el marco de la emergencia sanitaria en el país, debido al brote causado por ese virus.

Dio instrucciones sobre el tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales, como el realizado por partidos y movimientos políticos, candidatos, precandidatos, comités promotores, organizaciones de veeduría política y empresas de marketing. Por ejemplo, determinó que está prohibido agregar a las personas a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución, boletines electrónicos o bases de datos de envío masivo, cuando no se tenga su consentimiento previo e informado, ni contactarlas sin autorización, gracias a bases de datos suministradas por terceros.

Socializa a las entidades territoriales la actualización de la guía hospitalaria para la gestión del riesgo de desastres 2024 – 2031, documento que se armonizó con las recientes iniciativas e instrumentos de planeación en la materia.

Presenta las directrices de prevención, atención y vigilancia intensificada respecto a las lesiones causadas por pólvora pirotécnica, e intoxicaciones por fósforo blanco y bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Las medidas serán intensificadas hasta el 17 de enero del 2026.

Dicta lineamientos técnicos acerca de la preparación y manejo de eventos de salud en las aglomeraciones de público. Específicamente, ofrece herramientas dirigidas a autoridades departamentales, distritales y municipales del sector, relativas a la gestión del riesgo de desastres en esta materia.

Así, indica la naturaleza, conservación y consulta del expediente; responsabilidad integral de la gestión documental; migración entre soportes y formatos; autenticidad y valor probatorio; disposición final, y protección de datos.

Da instrucciones sobre aplicación de prohibiciones concebidas en la Ley de Garantías Electorales (L. 996/05), en materia de contratación estatal. Respecto a la prohibición de contratación directa en los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, recordó que aplica a todas las entidades estatales, sin importar su régimen jurídico. En cuanto a la suscripción de convenios interadministrativos de ejecución de recursos públicos por alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, aclaró que la prohibición para realizarla no incluye a las demás entidades públicas ni a los convenios a título gratuito.

Da instrucciones sobre el tratamiento de datos personales en operaciones de crédito, servicios de financiación y depósitos de bajo monto, que emplean tecno¬logías digitales (fintech). Entre los lineamientos, establece que los responsables no pueden “acceder a la galería de imágenes del dispositivo o a la lista de contactos del dispositivo con fines de cobranza”.

Dicta lineamientos respecto a la entrada o salida del país de gametos femeninos o masculinos, preembriones o embriones, con el fin de realizar procedimientos de reproducción humana asistida, con respeto de la dignidad humana y la salud pública. Ese trámite solo puede ser adelantado por instituciones prestadoras de salud que estén habilitadas para realizar dichos procedimientos, quienes deben verificar que exista el consentimiento informado de los donantes.

Imparte directrices acerca de la vacunación de la población gestante contra la fiebre amarilla, a partir de la semana 12 de gestación, y residente en zonas de alta circulación del virus. Se requiere valoración médica individualizada de riesgo/beneficio y diligenciamiento del consentimiento informado.

Dirigida a prestadores del servicio de salud y pagadores, de modo que prohíbe trasladar al usuario el trámite de autorización de estos servicios, pues solo deben intervenir el asegurador, el prestador y el proveedor. Así mismo, recalcó los casos en que no se exige autorización, como atención de urgencias, cáncer infantil y de adultos, y VIH – SIDA.

Define condiciones regulatorias diferenciales para la prestación del servicio de internet comunitario fijo. Así, indica los derechos y obligaciones de los usuarios, reportes de información, y trámites de PQR, entre otros aspectos. La norma rige desde el 1° de abril del 2025.

Imparte lineamientos para implementar el Programa de Formación Especializada para la Economía Popular, creado en el Acuerdo 1-0009 del 2023, que beneficia a trabajadores, unidades productivas y organizaciones de la economía popular.

Ante el desabastecimiento de medicamentos e insumos, adopta un plan de contingencia para tramitar las solicitudes de registros sanitarios y trámites asociados, a cargo de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de la entidad. Este plan regirá por seis meses.

Modifica el artículo 7° de la Resolución 425 del 2023, al ampliar hasta diciembre del 2026 el plazo inicialmente concedido a los notarios y servidores públicos facultados para conciliar, para que finalicen el programa de formación en conciliación en derecho.

Adopta medidas para promover la competencia entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en el mercado de servicios móviles, específicamente, en la modalidad prepago, contratación de paquetes de servicios móviles y fijos, y modificación de planes. Reforma Resolución 5050 del 2016.

Reglamenta inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales, sean o no agremiaciones, respecto a su constitución y funcionamiento, al igual que las medidas correctivas o sanciones aplicables, y el procedimiento pertinente.

Adopta el Manual técnico de la modalidad de atención y prevención de la desnutrición, al igual que sus guías operativas, sobre: recuperación nutricional en el hogar; centros de recuperación nutricional comunitario; unidades de recuperación nutricional comunitaria itinerante, y servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición. Deroga las resoluciones 7888 del 2019 y 5177 y 4834 del 2020.

Adopta la estrategia de acompañamiento sicosocial a población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida o receptoras. También señala criterios para determinar la asignación de recursos a las entidades territoriales y empresas sociales del Estado, para financiar la implementación de la estrategia.

Reglamenta el procedimiento de inscripción de ciudadanos colombianos residentes en el exterior para las elecciones de Congreso de la República (8 de marzo del 2026), y de presidente y vicepresidente de la República (31 de mayo del 2026), y si hay segunda vuelta, el 21 de junio siguiente. En el primer caso, la actualización del censo electoral se realizará hasta el 8 de enero del 2026. En el segundo caso, esa actualización se dará hasta el 31 de marzo del mismo año.