Normas del 05/03/2026

Declara la alerta amarilla hospitalaria con ocasión de las elecciones de Congreso y las presidenciales. En los días correspondientes, la red hospitalaria, pública y privada, debe activar sus planes hospitalarios de emergencia y contingencia.

Modificar el DUR del sector Trabajo, al actualizar y unificar la regulación de las prácticas laborales y el contrato de aprendizaje, atendiendo la Ley 2466 del 2025. Esta normativa aplica en los sectores público y privado, e indica la edad mínima; el horario; las obligaciones del estudiante, la institución educativa, los escenarios y los supervisores; los riegos laborales; niveles de formación; causales de terminación; financiación, y elementos de seguridad, entre otros aspectos relacionados.

En el marco de la declaratoria de emergencia, adopta el plan de reactivación urgente de los sistemas agroalimentarios, cadenas de suministro y medios de vida rurales, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Los beneficiarios son los productores agropecuarios afectados, especialmente pequeños y medianos, las organizaciones, asociaciones o cooperativas conformadas por productores campesinos, y quienes pertenezcan a pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en las zonas de interés. Autoriza transferencias extraordinarias al Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, entre otras medidas.

Prevé medidas a favor de mineros de subsistencia con registro vigente, beneficiarios de formalización o legalización habilitados para la explotación de minerales, y titulares mineros de pequeña minería, en el contexto del Decreto Legislativo 150 del 2026. Entre las disposiciones, suspende la causación de intereses moratorios por el pago extemporáneo de regalías y otras contraprestaciones en la materia, durante la emergencia y hasta los seis meses posteriores. También se contemplan facilidades de pago de las obligaciones económicas, de forma oficiosa o a solicitud de los destinatarios.

Establece que los “prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica no podrán realizar cobro o facturación alguna a los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica en los Departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, […], sino hasta tanto el respectivo inmueble recupere las condiciones necesarias para su funcionamiento, y el prestador garantice y restablezca la prestación del servicio en condiciones de seguridad”.

Para conjurar los efectos del frente frío de febrero pasado, adopta un régimen excepcional y transitorio sobre vivienda y hábitat. Las entidades competentes podrán expedir actos administrativos que regulen trámites preferentes y expeditos tendientes al otorgamiento de subsidios. También ordena implementar un modelo de atención integral de los hogares afectados por la emergencia. De otro lado, permite a las alcaldías de los municipios sobre los cuales recae la declaratoria de emergencia ajustar los planes de ordenamiento territorial.

Autoriza al Invías a ejecutar el gasto de los recursos extraordinarios asignados en el marco de la emergencia, para atender y recuperar la infraestructura vial afectada.

Permite al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa viabilizar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital pública necesaria para conjurar la emergencia, en lo relativo a la prestación del servicio de educación superior.

Adopta medidas destinadas a garantizar el acceso al agua apta para consumo humano y el saneamiento básico en los departamentos perjudicados por la emergencia. Habilita al Ministerio de Vivienda a destinar los rendimientos financieros de los proyectos de agua potable y saneamiento básico a la atención de la emergencia. Por otra parte, el subsidio a la tarifa de los usuarios de los gestores comunitarios que prestan servicio público de acueducto, afectados por la emergencia, será del 90 % de descuento en el valor total de la factura, hasta terminar la vigencia 2026.

Adopta la Guía para la valoración de percepción de riesgo de feminicidio en el contexto familiar, como instrumento técnico oficial con ese fin, y la cual debe ser aplicada por todas las comisarías de familia del país. Contempla la aplicación gradual durante los cinco meses siguientes.